Debaten la prevención de la tortura desde las instituciones

Judith Morán

"Tenemos que buscar políticas públicas que obliguen al Estado a poner a disposición todo su aparato procesal de policía, militares y penitenciario para que no sólo haya esta obligación de investigar, procesar y castigar, sino también de poder diseminar la verdad de estos hechos", enfatizó José María Martínez, senador priista por Jalisco, en el foro de análisis "La iniciativa de Ley General contra la Tortura", organizado por la Licenciatura en Derecho y el Programa Interinstitucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO.

En el Senado de la República hay dos iniciativas que abordan la tortura, una presentada en octubre de 2015 por la senadora perredista Angélica de la Peña y la otra fue enviada por Enrique Peña Nieto, presidente de México, en diciembre pasado.

César Pérez Verónica director del Centro de Justicia para Paz y el Desarrollo (CEPAD), dijo que la última iniciativa es producto de la presión de organismos internacionales y de la sociedad civil ante la grave situación de violaciones a derechos humanos.

"Los números sirven, pero estamos hablando de historias, estamos hablando de vidas en un país donde tenemos más de 27 mil desaparecidos en un sexenio, casi el mismo número de víctimas que la dictadura argentina", señaló.

Subrayó que, a pesar de que las autoridades discutieron con representantes de organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa presentada por el Ejecutivo no respetó el trabajo de dichos organismos.

Martínez señaló como necesaria la prevención de la tortura desde los protocolos que se siguen desde la detención de una persona.

"Estamos en esa oportunidad procesal para llevar por buen camino una ley que respete ante todos los derechos fundamentales de todo ser humano en este país", dijo el senador.

En el foro, que tuvo lugar el viernes 15 de abril, también participó Dante Haro Reyes, fiscal de derechos humanos en Jalisco.