Los desaparecidos en Jalisco conciernen a todos

Édgar Velasco

En 2015, Marco Fregoso salió de Guadalajara. Iba a visitar a sus hijos. Nunca llegó a su destino. No se ha vuelto a saber de él. Areli Fregoso, su hermana, narra cómo, luego de una buena atención en la Fiscalía del Estado, todo se empantanó cuando su expediente fue enviado a Mazamitla, población a la que Marco se dirigía.

"Ahí comenzó el calvario", dice Areli Fregoso, quien es integrante del colectivo Por Amor a Ellas y Ellos que congrega a personas que tienen algún familiar desaparecido en Jalisco. Ella narró su testimonio durante la presentación del informe Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en Jalisco: La lucha por la Verdad y la Justicia, que tuvo lugar en el ITESO como parte del foro homónimo organizado, entre otras instancias, por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Durante la presentación del informe, Ana Cabral Pacheco, integrante del Área de Defensa del Cepad, recordó que en 2008 comenzaron a ofrecer las primeras asesorías a personas con familiares desaparecidos.

Desde entonces hasta la fecha, dijo, ha venido ocurriendo "un aumento en las desapariciones, que son cada vez más visibles", al grado de que Jalisco es ya "uno de los primeros lugares en el país" en la cifra de personas desaparecidas.

De acuerdo con los números, Cabral Pacheco dijo que hasta septiembre de 2016 se habían contabilizado 3,462 personas desaparecidas en la entidad.

El informe está integrado por trece capítulos. Desde un contexto sobre la situación de Jalisco de 2007 a 2016 hasta testimonios de personas que buscan a sus desaparecidos, pasando por la situación específica de los migrantes, las mujeres, cifras y marco legal.

En ese sentido, Álvaro Martos, académico de la sede en México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señala que la publicación del informe es algo para celebrar porque "es la primera vez que el problema de los desparecidos se refleja en toda su diversidad y con toda la pluralidad de aristas".

El académico destaca que el informe puede abordarse desde una lógica temática, haciendo una lectura deductiva, que vaya de lo general a lo particular, o de atrás para adelante, es decir, comenzando con los testimonios de los familiares de los desaparecidos.

"La desaparición es un problema de información, de ahí la importancia de la documentación y de seguir generando información", señaló Martos.

Enrique González, encargado de atención jurídica de FM4 Paso Libre, expuso la situación de las personas en tránsito, a quienes está dedicado uno de los capítulos del informe.

Señaló que el fenómeno de los migrantes desaparecidos tuvo su punto de inflexión en agosto de 2010, luego de que se diera a conocer la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Explicó que es muy complicado hacer una numeralia de migrantes desaparecidos, debido a que no hay un registro exacto.

Por otro lado, señala que también es un problema que el Instituto Nacional de Migración (INM) se haya convertido en un actor más de la estrategia de seguridad, en lugar de una instancia que resguarde los derechos humanos de las personas migrantes, situación que se vio reforzada con la instauración en 2014 del llamado Plan Integral Frontera Sur, con el que México pasó a ser un país de contención, más no de protección.

Para Ana Cabral Pacheco hay una cosa suficientemente clara "la violencia en Jalisco ha rebasado al Estado".

En esa línea, añadió, las autoridades tienen ante sí desafíos tales como "investigar los casos que se han venido acumulando y lograr mayor transparencia y congruencia en las cifras". Y es que, como también dijo Martos, "en Jalisco están pasando muchas cosas, muchas atrocidades. Jalisco tiene una problemática grave".